EL PERÍODISTA RAÚL SANCHÉZ COSTA NOS HACE LLEGAR EL ARTÍCULO QUE PUBLICÓ EL PASADO SÁBADO 3 DE FEBRERO EN EL CONOCIDO DIARIO EL PAÍS.

El descontento crece en Rumania.

El país acumula protestas de agricultores, transportistas o sanitarios en un año clave para el Gobierno debido a la acumulación de procesos electorales.

Solo llevamos un mes de 2024 y al Gobierno rumano se le acumulan las protestas. Y vienen de muchos y variados frentes. Desde que se manifestaron a principios de febrero de 2017, bajo gélidas temperaturas, más de medio millón de ciudadanos contra un decreto que despenalizaba delitos de corrupción —el talón de Aquiles de Rumania— no se había percibido tanta tensión hasta estas últimas semanas en las calles. El nivel de crispación ha generado divergencias en el seno del Gobierno, una coalición de socialistas y liberales, justo en el comienzo de un año electoral maratoniano.

Miles de agricultores y transportistas protestan desde el pasado 10 de enero por el aumento del coste del combustible, los impuestos y los seguros, lo que ha provocado la paralización de casi todos los cruces fronterizos —especialmente con Ucrania y Hungría—, numerosos cortes de carreteras principales y el bloqueo de circunvalaciones a las afueras de Bucarest y otras ciudades como Brasov. El Ejecutivo intenta calmar los ánimos con nuevas medidas, pero insuficientes, según los manifestantes, que advierten de un posible parón de sus actividades si continúa el alza de precios, la presión fiscal y el difícil acceso a las ayudas. A este colectivo se le han sumado los médicos de familia y el personal de los centros de salud, al mismo tiempo que los trabajadores de los ayuntamientos rurales amenazan con entrar en huelga en febrero.

En el caso de los agricultores y transportistas, como pasa en Alemania, se trata de una movilización espontánea, que no ha sido alentada por ningún colectivo. Los participantes exigen una moratoria en el reembolso de los préstamos, un pago más ágil de los subsidios y pagos compensatorios por la sequía o los trastornos generados por la importación de cereales ucranianos, cuyos productos entran libres de aranceles al mercado comunitario desde hace dos años, cuando se inició la ofensiva rusa en el país vecino. Los transportistas también reclaman reducir las tasas del seguro obligatorio de responsabilidad civil y unas líneas separadas para los camiones de la UE y los de fuera del bloque, incluida Ucrania, en los puntos fronterizos y en el puerto de Constanța, en el Mar Negro, principal salida para el cereal ucraniano.

Según Bogdan Cumpănașu, gerente de una empresa agrícola, los manifestantes provienen sobre todo de cultivos como el trigo, maíz, colza y girasol. “Los agricultores están vendiendo sus cosechas a precios muy bajos debido al dumping ruso en los mercados africanos y porque una parte de los cereales que solo deberían transitar por Rumania permanece en los almacenes y, posteriormente, se comercializa a un precio inferior en el país, especialmente en el sector ganadero”, explica el experto, quien subraya que “los cereales ucranianos no tienen una trazabilidad clara.

Promesas

Tras reunirse con representantes de ambos sectores, el primer ministro, Marcel Ciolacu, anunció a finales de enero que destinará 250 millones de euros para compensar las pérdidas sufridas por la guerra en Ucrania, el aplazamiento de las cuotas de los préstamos a los productores agrícolas perjudicados por la sequía y una ayuda de 100 euros por hectárea, mientras que los transportistas verían modificada la forma de realizar los controles de peso en las fronteras para acelerar su paso, así como una posible devolución parcial del impuesto especial sobre los combustibles.

Aún así, los manifestantes no se fían. “Las autoridades están haciendo la vista gorda ante las importaciones baratas de cereales procedentes de Ucrania y el precio del diésel sigue subiendo, lo que nos está llevando al borde de la quiebra”, insiste Cezar, un agricultor de 48 años de Suceava, al norte de Rumania, que se desplazó con su tractor hasta la capital rumana. Para Dan Tapalaga, analista político, el Ejecutivo habría llevado a cabo una desviación en el presupuesto estatal. “El dinero asignado al sector agrícola se habría gastado para otros fines, como el aumento de los salarios en las instituciones públicas o las pensiones especiales de cara a las numerosas elecciones que se celebrarán a lo largo de este año, empezando en junio con las europeas y seguidas por las locales, presidenciales y parlamentarias en otoño”, denuncia.

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